La caída de las estatuas: un debate sobre el legado colonial en Colombia.

William Felipe HURTADO QUINTERO

Twitter: @WFHurtado

Foto: Arte en la base de la derribada estatua de Belalcázar en Popayán

Fuente: periodicovirtual.com

 

El derribamiento de estatuas es una práctica cada vez más presente en el mundo por los movimientos antirracistas. En este contexto han caído efigies de personajes que tuvieron relación con la esclavización o el maltrato a comunidades étnicas, dentro de ellos monarcas, políticos, filósofos, conquistadores, entre otros. En la escena colombiana, este movimiento se hizo frecuente en el marco del Paro Nacional 2021, donde se tumbaron esculturas de personajes representantes del modelo colonial y también de republicanos vinculados con actos de discriminación a las comunidades indígenas. Algunos de los derribamientos fueron los de Sebastián de Belalcázar en Popayán -anterior al paro- y Cali, Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, Cristóbal Colón en Barranquilla, Antonio Nariño en Pasto y Simón Bolívar en Cumbal y Taminango. La mayoría -no todos- fueron llevados a cabo por comunidades indígenas en medio de actividades como juicios y condenas históricas. 

Estos sucesos han generado un gran debate en torno a la interpretación de la historia y el legado colonial en nuestra sociedad. Por un lado, están los que sostienen que los hechos del pasado no pueden modificarse y derribar los monumentos que se construyeron como memoria de un período o circunstancias históricas, como la fundación de una ciudad, representa un atentado contra la memoria y pretende borrar la historia. De otro lado, están los que sustentan que la historia puede reinterpretarse y que dichos actos hacen parte de la construcción permanente de la historia, pues abren el debate sobre el enaltecimiento de símbolos que han sido impuestos de forma unilateral y reafirman un proyecto de nación caduco y racista (Arias, 2021).

A propósito de este debate, Dussel (2017) en “Filosofías del Sur” afirma que, en los proyectos de Nación en Latinoamérica, inclusive en los revolucionarios, no ha habido un proceso de descolonización cultural desde el sistema educativo para resignificar lo propio. Hay algunos esfuerzos epistemológicos para pensar desde el sur y descolonizar el saber, pero en términos generales sigue existiendo un eurocentrismo tanto en el conocimiento como en la cultura. Para el autor de referencia, cambiar este paradigma representaría una verdadera revolución cultural.

 La caída de estatuas y el debate que suscita, están asociados con la descolonización cultural que pretende reflexionar en torno a los símbolos más caducos y leoninos del legado colonial que, impuestos de forma unilateral, connotan un significado de exclusión. Estos actos -y debates- no tienen como propósito romper con todo el legado colonial. Nunca se ha dicho que eliminar la lengua castellana y su riqueza sea una aspiración, pero sí dar valor a las más de sesenta lenguas maternas que existen en Colombia. En nuestro sistema educativo eurocéntrico, por ejemplo, todavía existen casas de estudio que no reconocen como segunda lengua a alguna de las maternas para efectos de un eventual requisito de grado, exigiendo otras como el inglés o el francés. Como lo sostiene el historiador Felipe Arias (2021): “Nadie propone una eliminación violenta de lo que sea el legado cultural colonial, menos la insensatez de volver a la época prehispánica. El fin es dejar ya de enaltecer símbolos caducos de un proyecto de nación históricamente racista”.

 En algunas ciudades, lo que ha seguido al derribamiento de estatuas son propuestas de discusión abierta sobre los símbolos que representan a la sociedad y su ubicación. La resignificación es un proceso de descolonización cultural que puede pasar por la reubicación de monumentos en lugares como museos donde se muestren las interpretaciones de la historia y, por supuesto, en la reestructuración del sistema educativo en relación con el saber histórico, en el cual los relatos impositivos deben ser constantemente cuestionados.

 Sería ideal que estos debates se dieran sin la necesidad de afectar monumentos que pueden ser considerados como verdaderas obras de arte, pero las autoridades siempre se han resistido a la posibilidad de recibir las propuestas de resignificación de símbolos, por lo que no puede extrañarles que las comunidades excluidas de la construcción de la historia también quieran escribirla. La historia no se borra, está viva y no se detiene.

Referencias:

 

Dussel, E. (2017). Filosofías del sur: descolonización y transmoderindad. España: Ediciones Akal. Recuperado de: https://cutt.ly/UmCg9Cx

 

Felipe Arias Escobar [@Feloarias]. (13, junio 2021). Nadie propone una eliminación violenta de lo que sea el legado cultural colonial, menos la insensatez de volver a la época prehispánica [Tweet]. Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/Feloarias/status/1404133734190878728?s=20

 

Felipe Arias Escobar [@Feloarias]. (13, junio 2021). No es la totalidad de un "legado colonial" lo que se controvierte, es el enaltecimiento unilateral y caduco de algunos de… [Tweet]. Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/Feloarias/status/1404122139465293831?s=20

Paro nacional: ruptura del contrato social y estado de naturaleza

 

Imagen tomada del Instagram: @yeidermancabj

William Felipe Hurtado Quintero.

Twitter: @WFHurtado

El paro nacional ha sido un proceso de movilización social que inició el pasado 28 de abril y se ha sostenido hasta hoy. En él han participado diferentes sectores de la sociedad a través marchas, plantones, representaciones artísticas, bloqueos, barricadas, entre otras formas de manifestación. El rol desempeñado por la juventud ha sido protagónico, especialmente la proveniente de los sectores más populares y olvidados de la sociedad, quienes se han unido a las primeras líneas de resistencia que hacen frente a las acciones de la fuerza pública que han buscado reprimir el estallido social (Satizábal, 2021). En Cali, por ejemplo, son más de veinte puntos de resistencia que se han denominado a sí mismos como la “Unión de resistencias Cali”, hoy reconocidos por la alcaldía distrital (Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, 2020). 

Los reclamos del pueblo trascienden de cuestiones coyunturales, como lo eran los proyectos de reforma tributaria y del sistema de salud. También involucran exigencias que tienen que ver con el incumplimiento histórico de garantías constitucionales que no llegan a todos los niveles de la sociedad. En los pliegos de peticiones de las resistencias se logra identificar la preocupación por los derechos fundamentales, pero también por aquellos sociales y económicos y hasta los colectivos, cuyo desconocimiento ponen en duda la existencia del tan aclamado Estado Social de Derecho. Oportunidades de acceso a la educación en todos sus niveles, renta básica, inserción laboral, optimización del gasto público y distribución equitativa y participativa, restricción de reelección en corporaciones públicas, promoción y prevención en salud pública, prohibición del fracking, entre otras, son algunos de los puntos planteados por los grupos de resistencia que no siempre se ven representados en el comité nacional del paro y reclaman su propio reconocimiento y participación en el diálogo regional y nacional (Unión de resistencias Cali, 2021). 

Después de un mes de movilización, los espacios de diálogo han sido excepcionales. La presencia del gobierno ha estado centrada en el uso de la fuerza pública para reprimir la movilización y contrarrestar el impacto de la protesta. El aumento de pie de fuerza policivo y la militarización de ciudades bajo la figura legal de la asistencia militar, han puesto a algunos municipios en escenarios cercanos al de una conmoción interior (Uprimny, 2021). Son muchas las denuncias documentadas por los actores en resistencia y por varias ONG nacionales e internacionales que, dan cuenta de violaciones de Derechos Humanos por parte de miembros de la fuerza pública frente a la vida y la integridad de manifestantes (Temblores & Indepaz, 2021). A esto se le ha sumado el problema de civiles armados que arremeten contra participantes de la movilización con la anuencia de miembros de la fuerza pública. Este fenómeno ha sido denominado por algunos como “paramilitarismo sicarial” (Ávila, 2021).

Este es un contexto que hace recordar algunas de las ideas políticas de la modernidad, principalmente el contractualismo clásico de autores como Hobbes, Locke y Rousseau. Más allá de las particularidades teóricas de cada autor, el esquema contractual reconoce que con anterioridad al surgimiento del Estado -de razón- mediante el contrato social, existía un estado de naturaleza centrado en el individuo, donde la seguridad no estaba garantizada. Para Hobbes (1992) se trata de un estado de guerra donde no hay derechos, para Locke (1995) es un estado de guerra potencial donde hay ciertos derechos, pero no instituciones que diriman conflictos, y Rousseau (1998), por su parte, lo considera un escenario contrafáctico, declarando que previo al estado de la razón, existe una sociedad civil marcada por las desigualdades que llevan a la necesidad de pasar del pacto implícito al contrato explícito. Dicho contrato persigue, más allá del reconocimiento de la comunidad civil y el gobierno, la protección de elementos específicos, por ejemplo, en Hobbes prevalece la garantía de la seguridad, en Locke la vida, la libertad y la propiedad, mientras Rousseau plantea el respeto por la soberanía popular y la democracia participativa. Cuando algunos estos elementos no se satisfacen, se entiende que hay una ruptura del contrato social. 

En Colombia la idea de contrato social está representada en el proceso constituyente democrático que derivó en la promulgación de la Constitución Política de 1991. En ella, inclusive, se reconocen premisas rousseanianas como la soberanía popular y los mecanismos de participación ciudadana, lockeanas como el establecimiento del régimen de protección de las libertades individuales, la propiedad y la vida, y hobbesianas en aspectos como el monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Dicho contrato se ha incumplido en diferentes formas, por un lado, las más de cincuenta reformas -algunas estructurales- que ha sufrido por parte del Congreso en apenas tres décadas de vigencia (Hurtado & Marín, 2021), y por el otro, por la práctica política caracterizada por el abandono social progresivo de todos esos sectores que hoy se levantan ante la impotencia frente a un Estado del que hacen parte, pero en el cual parecen invisibles. 

Las pretensiones de los actores de la movilización evidencian la ruptura del pacto, y la dinámica misma del paro lo comprueba (Wills, 2021). Las políticas de asistencia militar muestran el nulo deseo de diálogo del gobierno central, su complacencia frente a civiles armados deja claro que no sólo no tiene el monopolio de la fuerza -cosa que siempre se ha sabido-, sino que le es indiferente siempre que esté alineado con sus fines ilegítimos (Trejos, 2021). El irrespeto por la vida y las libertades salta a la vista. La participación democrática ha sido burlada mediante la fuerza, el discurso y el diálogo selectivo. La desconfianza en las instituciones impera. El incumplimiento del pacto llevó a su ruptura y la población lo hace evidente, requiriendo su cumplimiento o reformulación (Tejada, 2021). 

El estallido social es una manifestación de esa soberanía popular que Rousseau describió como ilimitada, indivisible e indelegable, y así se debe reconocer para llegar a escenarios de concertación, pero mientras eso no pase y el gobierno persista en la mano dura y cuestionando los avances que algunas autoridades locales han logrado para abrir escenarios de conversación democrática, Colombia seguirá viviendo en un estado de naturaleza. 

 

Referencias bibliográficas:

 Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. (2021, mayo 31). Comunicado a la opinión pública de la Unión de Resistencias Cali, Primera Línea Somos Todos y Todas y la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Recuperado de https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/161159/comunicado-a-la-opinion-publica-de-la-union-de-resistencias-cali-primera-linea-somos-todos-y-todas-y-la-alcaldia-distrital-de-santiago-de-cali/

 

Ávila, A. (2021, junio 03). Paro nacional: paramilitarismo sicarial en Colombia. El País. Recuperado de: https://elpais.com/opinion/2021-06-03/paramilitarismo-sicarial-en-colombia.html

 

Hobbes (1992). El Leviatán. Altaya. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1Q4IWj9kbOI-9uJa6LyBVcgjJda5yDtGc/view?usp=sharing

 

Hurtado Quintero, W. F., & Marín Reina, C. A. (2021). Treinta años de la Constitución Política de Colombia de 1991: antecedentes, origen, cambios y reformas. Análisis Jurídico - Político, 3(5), 17 - 58. https://doi.org/10.22490/26655489.4360

 

Locke, J. (1992). El segundo tratado del gobierno civil. Altaya. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1AS5bnrFDBllCs8WzGVueqimzRYPRe6hA/view?usp=sharing

 

Rousseau (1998). El contrato social. Altaya. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/11Lbq0veyuPLkvvteRtc_-WZkUcXffZJq/view?usp=sharing

 

Satizábal, C. (2021, mayo 31). El paro nacional, la juventud y el cambio cultural. El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/opinion/el-paro-nacional-la-juventud-y-el-cambio-cultural/

 

Temblores & Indepaz. (2021, mayo 17). Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/informe-de-temblores-ong-e-indepaz-a-la-cidh/

 

Tejada, J. [Canal Dos] (2021, junio 03). La juventud popular solicita un nuevo contrato social ante la crisis civilizatoria que vivimos [Vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=UfDjjH3i_Mc&ab_channel=CanalDos

 

Trejos, L. F. (2021, junio 03). La naturalización de la violencia en Colombia. La Silla Vacía. Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/la-naturalizacion-de-la-violencia-colombia-78386

 

Unión de Resistencias Cali (2021, mayo 11). Declaración Unión de Resistencias Cali – URC.

 

Uprimny, R. (2021, mayo 31). El decreto de "asistencia militar" de Duque es inconstitucional. La Silla Vacía. Recuperado de: https://lasillavacia.com/opinion/decreto-asistencia-militar-duque-inconstitucional-81799

 

Wills, M. (2021, mayo 10). El paro: un pulso entre autoritarismo y democracia. Razón Pública. Recuperado de: https://razonpublica.com/paro-pulso-autoritarismo-democracia/

Reglas de reparto de tutela, aspersión de glifosato y Aristóteles: ¿Una oligarquía demagógica?

 

William Felipe Hurtado Quintero.

Twitter: @WFHurtado

El pasado 06 de abril de 2021, el presidente Iván Duque expidió el Decreto 334/2021 por medio del cual se modificaron las reglas para el reparto de acciones de tutela. Entre las modificaciones fijadas, llamó la atención la que dispuso que todas las tutelas que se presenten contra las actuaciones del presidente, incluyendo las relacionadas con erradicación de cultivos ilícitos, deberán ser repartidas al Consejo de Estado para trámite de primera instancia. Este tipo de acciones solían ser conocidas por jueces territoriales y se llegaron a emitir órdenes de suspensión en la planeación de estrategias de erradicación de cultivos ilícitos con riesgos en la salud para la población, garantizando derechos comunitarios como los de consulta previa (Salazar, 2020). Es por esto que el decreto fue visto como una respuesta presidencial a las decisiones adversas por parte de los jueces territoriales por medio de la cual procuró “escoger su propio juez” (Uprimny, 2021). 

El 12 de abril de 2021 se expidió el Decreto 380/2021 sobre la erradicación de cultivos ilícitos con método de aspersión aérea y asuntos relacionados con el control de los riesgos a nivel medioambiental y de salud, brindando un marco jurídico para su implementación. Sobre ello, es importante resaltar que la Corte Constitucional en sentencia T-236 de 2017 había ordenado la no reanudación del método de aspersión aérea para la erradicación de este tipo de cultivos con el herbicida conocido como Glifosato, al menos hasta que se establezca con evidencia científica que no provoca daño al medio ambiente ni a la vida humana, entre otras condiciones. Adicional, en sentencia T-080 de 2018 estableció que, para diseñar el plan de erradicación por esta vía, ante la posibilidad de afectación de comunidades étnicas, se debía respetar el derecho de consulta previa. Pese a todo lo anterior, el gobierno expidió el acto administrativo en mención sin dejar claro el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Corte Constitucional frente a los riesgos y la participación comunitaria. 

Este asunto que parece involucrar criterios técnicos y de participación democrática, trae a la memoria algunas de las ideas políticas de la Grecia clásica sobre las cuales reflexionaba Aristóteles (1988) en “La Política”, especialmente en lo relacionado con las formas de gobierno puras e impuras. A manera de síntesis teórica, cabe recordar que el padre de la escuela peripatética estableció seis formas de gobierno configuradas dependiendo de cuántos gobiernan y frente a los intereses de quién lo hacen, siendo formas puras las que abanderan los intereses de todos en la sociedad e impuras las que buscan los propios o sectorizados dentro del círculo de poder (Sanz, 2010). Así, si el gobierno es de uno, su forma pura es la monarquía y la impura la tiranía; si es gobierno de varios, la expresión pura es la aristocracia y la impura la oligarquía; y cuando el gobierno es de todos, la forma pura se traduce en república o democracia y la impura en demagogia. El ideal, en cada uno de los niveles propuestos, por supuesto son las formas puras. 

La relación de las líneas aristotélicas con la modificación de las reglas de reparto de tutela y el marco jurídico para erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea se plantea desde las formas impuras de la demagogia y la oligarquía. 

El cambio de las reglas de reparto fue motivado como un asunto de interés general que obedece, ante todo, a la necesidad de descongestionar el aparato judicial y especializar las decisiones a través de una jerarquía funcional que “unifique jurisprudencia”. Esto resulta demagógico, pues es claro que, en lugar de atender el interés general, persigue el propio desde el ejercicio del gobierno, lo cual debilita las motivaciones y evidencia su engaño. Así, alega una estrategia de descongestión judicial, pero en el caso de las actuaciones presidenciales -en términos globales- hace lo contrario: las concentra en un solo órgano (Hoyos, 2021), y frente a la intención de unificar jurisprudencia, ésta es falaz, en la medida que las decisiones de tutela tienen efectos inter parte -así sean del Consejo de Estado-, salvo cuando se unifican sus criterios o se establecen subreglas en la parte motiva de las sentencias de revisión, ambas a nivel de Corte Constitucional (Campo & León, 2019). 

En la orilla de la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, confluyen elementos de las formas impuras tanto de oligarquía como de demagogia. Por un lado, es una decisión oligárquica porque se opone a la noción aristocrática de capacidad (Knoll, 2018), pues es claro que la Corte Constitucional en las sentencias mencionadas estableció condiciones técnicas para reanudar la aspersión aérea de glifosato para garantizar que no se afecten derechos a nivel de salud y ambiente, y la insistencia en su reanudación, refleja la defensa de intereses propios del grupo de gobierno -entre otras cosas- enemigo público de estrategias de sustitución de cultivos, como las pactadas en el Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP (Santaella & Balcero, 2018). De otro lado, es demagógica porque (i) en su contenido normativo no menciona al Glifosato, constituyendo una evasión lingüística del problema frente a las condiciones de la Corte Constitucional y (ii) en lo relacionado con la participación comunitaria étnica, al ser un marco general, soslaya los procesos de consulta previa, que entre otras cosas, eran los que tenían detenido el proceso de planeación de la aspersión de glifosato con motivo de la orden de tutela del juzgado segundo administrativo de Pasto y confirmada por el tribunal administrativo de Nariño en expediente 2020-00051-00. 

Con esto queda claro que los decretos 333/2021 y 380/2021 fueron pensados de forma articulada como una estrategia para concentrar las decisiones que pudieran tomarse en sede de tutela si las comunidades étnicas y en general, deciden reclamar por esta vía la protección de sus derechos fundamentales, evitando así la posibilidad de fallos adversos a los intereses del gobierno por parte de operadores judiciales en los diferentes territorios. 

Los tiempos y el sistema político han cambiado mucho desde los días en que Aristóteles reflexionaba caminando junto con sus peripatéticos, pero si viviera hoy tal vez diría: ¡Vaya oligarquía tan demagógica! 

 

Referencias bibliográficas:

 

Aristóteles (1988). La Política. Medina y Navarro editores. Recuperado de: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc03.htm

 

Campo Ramos, A. & Leon Ararath, E. (2019). La Ratio Decidendi en sentencias de tutela de la Corte Constitucional. Trabajo degrado para optar por el título de abogado. Universidad del Cauca.

 

Hoyos Ceballos, E. (2021, abril 4). Yo elijo a mi propio juez. 2020Noticias. Recuperado de: https://www.2020noticias.com/yo-elijo-a-mi-propio-juez/  

Knoll, M. (2017). Aristóteles y el pensamiento político aristocrático. Revista de filosofía, 73, 87-106. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-43602017000100087&script=sci_arttext&tlng=e

 

Salazar, S. (2020, septiembre 02). Sí hay un fallo de un Tribunal de Nariño que tiene aplazada la aspersión aérea de glifosato. Colombia Check -No coma cuento-. Recuperado de: https://colombiacheck.com/chequeos/si-hay-un-fallo-de-un-tribunal-de-narino-que-tiene-aplazada-la-aspersion-aerea-de

 

Santaella Quintero, H. J., & León Balcero, J. (2020). Alegato en defensa del cumplimiento del punto 4.1 del Acuerdo Final como estrategia para solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia: más allá del debate sobre el garrote y la zanahoria. Lecturas sobre derecho de tierras. Tomo IV. Recuperado de: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25763/1/ARTICULO%20FINAL%202107804%20-%20JENNY%20ALEJANDRA%20SANCHEZ%20TAMAYO.pdf

 

Sanz Díaz, B. (2010). Historia del Pensamiento Político Premoderno: Aristóteles. Recuperado de: https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/29318/Historia+del+Pensamiento+Pol%C3%ADtico+Premoderno+04+Aristoteles.pdf?sequence=1

 

Uprimny Yepes, R. (2021, abril 11). Duque escoge a su juez. Dejusticia. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/column/duque-escoge-a-su-juez/